La muerte de Sebastián Piñera no cambia el legado en Derechos Humanos que dejó como ex presidente. Amnistía Internacional Chile declaró, al término de su segundo gobierno que dejaba un legado sombrío por las graves y generalizadas violaciones a DDHH que se cometieron en el contexto del estallido social: Hubo más de 400 personas con mutilación a su vista, violencia sexual y homicidios. Cuatro organismos internacionales debieron visitar Chile debido a las denuncias por graves violaciones a los DDHH, algo que no ocurría en Chile desde la dictadura.
En el momento de fallecer, Piñera seguía imputado e investigado en una causa por crímenes de lesa humanidad, causa que sigue vigente y donde varios de sus colaboradores de gobierno, del Ministerio de Interior, siguen en calidad de imputados e investigados.
Además, el 7 de mayo será la audiencia en contra de tres altos Mandos de Carabineros de Chile. Entre ellos se encuentra Ricardo Yáñez, irónicamente el actual Director General de la institución encargada de hacer cumplir la ley. Debemos recordar que fue citado en reiteradas oportunidades y no quiso colaborar con la investigación en curso. Coincidimos con la postura de Amnistía Internacional Chile de que el general Yáñez no debiera seguir en su cargo. Cuenta con una citación de formalización por crímenes graves: apremio ilegítimo con resultado de lesiones graves y muerte. El presidente Boric tiene la facultad para remover de su cargo al general Yáñez.
Los medios de derecha han impuesto un discurso negacionista que tergiversa lo ocurrido en Chile durante el estallido social. No podemos permitir que este discurso adquiera un carácter transversal en la sociedad chilena y que la norma sea minimizar y normalizar el legado de violencia respecto a los DDHH de la administración Piñera. Hoy más que nunca debemos mantener la memoria de lo que realmente ocurrió, para que no se vuelva a repetir en el futuro.
Tal como fue necesario dejar establecida la verdad de lo que ocurrió en dictadura, a través de las Comisiones Rettig y Valech, consideramos que es necesaria una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación respecto del estallido social. Como lo señalara Rodrigo Bustos, Director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile: “Para que tengamos una verdad oficial sobre cuántas víctimas tuvimos, qué tipo de vulneraciones a los DDHH se cometieron, por quiénes se cometieron, qué tipo de responsabilidad tienen distintas instituciones del Estado de nuestro país. Y que a partir de eso haya una política pública de reparación integral a las víctimas.”
En momentos que peligra el pago de las pensiones de gracia a las víctimas de trauma ocular, sería un gran gesto que parte de la fortuna de Sebastián Piñera se destinara a reparar a quienes simbolizan su legado de DDHH, de la misma forma que el dinero incautado a Pinochet en el banco Riggs fue destinado a las víctimas de la dictadura.
No a la impunidad, no al negacionismo. Verdad, justicia y reparación.
COMITÉ COORDINADOR DE LA RED EUROPEA DE CHILENOS POR LOS DERECHOS CIVICOS Y POLITICOS
6 de marzo 2024
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